Martes 22 de Agosto del 2017
Santo Domingo, República Dominicana

César Medina

¡Justicia injusta!
Algunos escépticos apostaron a que en la investigación forense sobre Odebrecht, Jean Alain Rodríguez no actuaría con independencia por sus vínculos políticos y personales con algunos de los implicados. Y hasta llegaron a decir que en caso de proceder de conformidad con la ley, sería por presiones externas. Otros dudan que “están todos los que son y son todos los que están” --una frase suya desafortunada--, pero las posiciones de los encausados están a la altura del tercer lugar que ocupa la República Dominicana entre los países más sobornados por la constructora brasileña. Sin caer en la necedad de que “si el Ministerio Público no actúa, es malo; si actúa, es peor”. La primera es el cuestionamiento a la inmunidad parlamentaria. Si los congresistas gozan de esa protección, los dos senadores y el diputado debieron ser procesados sólo ellos en instancia única. Pero, además, la propuesta de despojar a esos legisladores de un privilegio inherente a su curul ganada con el voto popular, es tan inaceptable como la aberración de que ellos arrastren a los demás co-acusados. La ley es la ley y debe ser respetada más allá de cualquier circunstancia. El procedimiento para su desaforo legislativo tiene que seguir el ritmo constitucional.
 
¿Cuál riesgo de fuga?
En España, por ejemplo, las detenciones y las medidas cautelares se aplican a delincuentes peligrosos y a imputados que puedan fugarse. De lo contrario, y hasta muchas veces incluyendo a narcotraficantes, el sospechoso de cometer un delito no ingresa a la penitenciaría en tanto dura el procedimiento judicial. Desde el inicio hasta la culminación del proceso, el involucrado dispone de múltiples apelaciones y hasta que no existe una sentencia de prisión definitiva, sigue en la calle. Aun así, si el castigo no pasa de cierto tiempo y la persona no registra ningún historial delictivo, no va a la cárcel. Cuando tiene que entrar le dan un compás de espera basado en la planificación de entrada y salida de los centros penitenciarios para no exceder sus capacidades. En este caso al no darles a los procesados la oportunidad de transitar por todas las instancias judiciales para librarse de la acusación, se les está cambiando la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad. Como se esperaba, luego de varios viajes al exterior, el Procurador anunció que les solicitaría prisión preventiva como medida de coerción. Ocho días después se la aprobaron para diez encartados en cuatro reclusorios distintos, dos de ellos con la casa por cárcel. El movimiento verde está recontento y lo único que lamenta es que ni Danilo Medina ni Leonel Fernández están en el paquete, mientras que un par de los suyos sí. Los que querían ver “sangre” lo más pronto posible, ahí la tienen...
 
... El cobro anticipado
Diez personas sin registros delictivos están encarceladas --dos de ellas en sus propias casas--, y otros tres, los legisladores, también recibieron otro tipo de coerción antes de ser juzgados ni condenados mediante un veredicto en firme. Se les está obligando a pagar el anticipo de una condena no dictaminada. En el lenguaje mediático esto es lo que se llama un asesinato moral y político, porque aunque lo disimulen, esa gente jamás levantará cabeza así sea la declaren no culpable. ¿Regresar a la política? Ni sus propios compañeros los quieren cerca. Una “justicia justa” es aquella en que el acusado disfruta de opciones para evadir un fallo que no le favorezca. Y si es sentenciado, que no ingrese a prisión hasta tanto no agote las posibilidades de recusación disponibles... ¿Instancia privilegiada, dijo?

tras Opiniones de César Medina

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