Viernes 23 de Junio del 2017
Santo Domingo, República Dominicana

César Medina

¡Derrotados en la víspera!
Los argumentos del bando opositor sobre el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral son -más que infantiles-, ridículos y carentes de pruebas para sustentar una denuncia recurrente de quienes de antemano se sienten derrotados y fuera de competencia.
 
Tal vez Vinicito Castillo Semán tuvo alguna originalidad al denunciar que Roberto Rodríguez Marchena usó el correo electrónico de la Presidencia para “twittear” propaganda oficialista, un pecado político venial en comparación con las barbaridades que le atribuyen los demás opositores al gobierno.
 
Aún así el candidato oficialista ordenó ratificar a todos los servidores del gobierno la prohibición de que se utilicen recursos del Estado en actividades políticas, y de forma particular se impartieron instrucciones precisas sobre restricciones para el uso de vehículos oficiales en labores partidarias.
 
La circular emitida por el ministro Gustavo Montalvo el pasado sábado fue una reiteración de disposiciones anteriores en similar sentido, y aunque coincidió con la queja de la oposición ante la Junta Central Electoral, siempre es oportuno recordar esas restricciones a funcionarios públicos que suelen pasarse de contentos en los períodos electorales.
 
Danilo fue preciso al desmentir la denuncia de sus contrarios señalando con mucha razón que no necesita hacer uso de los recursos del Estado “para imponer una candidatura que fue apoyada por más del 80 por ciento de los dominicanos que le pidieron reelegirse”.
 
¡Que lo confisquen...!
 
El candidato presidente fue enfático al pedir a la Junta Central Electoral que fiscalice su campaña política para comprobar que no usa ni acepta que se usen a su favor recursos del Estado.
 
“No quiero que nadie use recursos públicos en la campaña. Si algún vehículo del Estado participa en la campaña pido que lo confisquen; no tengo necesidad de que eso ocurra porque mi mejor aliado es el pueblo dominicano”, dijo el Presidente cuando se le cuestionó sobre la denuncia de la oposición.
 
Aprovechó para comunicar que había solicitado al ministro Montalvo que emitiera una circular a todas las instituciones del gobierno prohibiendo terminantemente el uso de vehículos y otros recursos públicos en la campaña electoral.
 
“Mi candidatura no se le impone a nadie porque surgió del seno del pueblo”, dijo mientras reclamaba a los opositores salir a las calles como él lo está haciendo para que muestren sus músculos y dejen de ser candidatos forjados en los medios de comunicación...
 
“... Pero cuando los candidatos están en debilidad se agarran de lo que sea para desmeritar la victoria de sus opositores”.
 
La “denuncia” del PRM
 
Que el gobierno haya invertido 480 millones de pesos en publicidad durante el mes de enero pasado --como denuncia el PRM a partir de un “monitoreo” empírico--, no constituye ninguna violación a la ley electoral y menos a los procedimientos éticos de las instituciones del Estado.
 
De haber existido esa colocación publicitaria, se trataría de una acción legítima del gobierno que tiene facultad presupuestaria para hacer esa inversión siempre que se trate de gastos de promoción de actividades oficiales que no involucren propaganda partidaria. La Junta está en el deber de hacer esa investigación y dar a conocer los resultados, que sin duda serán similares a una pesquisa anterior sobre la supuesta entrega de exoneraciones de vehículos a activistas del PLD. Aquella vez también resultó ser una gran mentira.
 

tras Opiniones de César Medina

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