Jueves 27 de Julio del 2017
Santo Domingo, República Dominicana

Guarionex Rosa

Posición causa sorpresa
Con la devolución al Congreso Nacional de la ley del Código Penal y con la decisión de revisar los subsidios que los gobiernos anteriores otorgaron casi sin restricciones a sectores empresariales, el presidente Medina asume una posición de valentía que de seguro no ignora posibles riesgos.
 
El gobernante se tomó el tiempo que le da la Constitución para estudiar la pieza antes de devolverla, y sorprendió su sugerencia de que la misma sea modificada en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Capítulo 1, que plantea las condicionantes para realizar un aborto.
 
Medina se cuidó en su comunicación de señalar las propuestas que deberían hacerse al Código Penal, aunque argumentó que el artículo 107 del proyecto no satisface las exigencias que se derivan del principio de la legalidad, elemento de fortaleza del Estado de Derecho.
 
Cuando el proyecto original fue aprobado se suscitó en el país una gran cantidad de opiniones desfavorables, entre ellas las del Colegio Médico Dominicano, de la Asociación Pro Bienestar de la Familia, de abogados, organizaciones feministas y sectores de la sociedad civil.
 
Como el presidente Medina no señaló sus sugerencias para llenar los artículos mencionados, la presidencia de la Cámara de Diputados, a través de la cual ingresó la devolución al Congreso, dispuso que la Comisión de Justicia lo reexamine y formule las recomendaciones.
 
La posición del régimen dominicano se alinea con la mayoría de los países del continente y de los organismos internacionales que tienen que ver con la salud pública, los cuales favorecen el llamado aborto terapéutico ante embarazos por violación, mal formación del feto y condiciones que pongan en peligro la vida de la mujer.
 
En un artículo que publiqué en El Nacional el 12 de octubre de 1997 dije que “una de las reivindicaciones perdidas con motivo del golpe de estado contra el profesor Juan Bosch en septiembre de 1963 fue su aspiración y la de los Constituyentes de laicizar el estado”.
 
Bosch y los constituyentes que elaboraron la Constitución de ese año creían que era tiempo de separar la influencia que la Iglesia Católica había tenido desde tiempos inmemoriales en la vida pública, notablemente durante la Era de Trujillo cuando ese credo se puso a su servicio.
 
Iglesia arremete 
La jerarquía de la Iglesia Católica arremetió contra la decisión presidencial y calificó como criminal el aborto al tiempo de reclamar de los congresistas ratificar el proyecto de Código Penal sin enmiendas ya que establecer el aborto sería violatorio a la Constitución de la República.
 
A la comunicación pública del Consejo Permanente del Episcopado, se unieron sacerdotes y feligreses que fueron al congreso en romería para reclamar el derecho a la vida, orar y denunciar como criminal el aborto. Se dice que nuevas manifestaciones se harán durante esta semana. Se cree que la Iglesia teme que si se autoriza el llamado aborto terapéutico y el derivado de las violaciones que se han hecho epidémicas en el país, se daría paso a que muchas mujeres aleguen ser violadas para llevar a cabo la interrupción de los embarazos.
 
El tema es muy viejo. En los años de 1970 durante el régimen de 1 2años del doctor Balaguer, un grupo de personalidades, entre ellas el doctor Vinicio Calventi, la doctora Licelott Marte de Barrios y la licenciada Magaly Caram propusieron al Congreso legalizar el aborto terapéutico.
 
Aparentemente la pieza fue bien fundamentada dadas las calidades de los proponentes, lo que anticipaba que el presidente Balaguer la endosaba. Al presentarse ante las cámaras legislativas fue rechazada, cosa acogida con disimulo por el gobernante de la época.
 
Las últimas grandes manifestaciones políticas de la Iglesia en tiempos modernos ocurrieron en 1963 cuando los obispos de esa época se enfrentaron al régimen de Bosch que quería establecer la escuela laica como parte de la laicidad del estado que buscaba la Constitución.
 
Esas manifestaciones llamadas de “reafirmación cristiana” que fueron bien aprovechadas por la derecha y los sectores oligárquicos que desde antes de ascender al poder planeaban derrocar al régimen de Bosch, erosionaron su base dado el fervor católico prevaleciente.
 
Ahora, católicos y evangélicos han hecho causa común, con manifestaciones y pronunciamientos separados pero con la misma finalidad.
 
Los segundos, relegados durante la Era de Trujillo por el predominio de los católicos, ahora pugnan por una parte de la influencia frente a las decisiones del estado, que envuelve asuntos espirituales pero también económicos.
 
En una decisión extraña la secretaría de Cultos del PLD dijo el viernes en un comunicado que “apoya la posición del Episcopado Dominicano y de las iglesias con respecto al artículo 37 de nuestra Carta Magna, que reza: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”. Lo publicó el diario digital Acento, atribuido a Vanguardia del Pueblo haciendo su propia interpretación.
 
(+) 
REVISARÁN SUBSIDIOS 
En una propuesta sin precedentes, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunció el pasado miércoles que el gobierno se propone revisar los subsidios que el régimen otorga a los transportistas que han bajado el precio del transporte a regañadientes.
 
“Hay que revisar aquellos subsidios que no dan beneficio al pueblo”, dijo el ministro Peralta al comparecer al almuerzo del Grupo Corripio. Anticipó que otros subsidios también serían eliminados y que se mantendrían los que incentivan a sectores productivos.
 
Algunos estiman que las subvenciones al sector privado, incluidos los transportistas, y los empresarios del sector energético, le representan al país sacrificios equivalentes al presupuesto de varios ministerios de los más importantes.
 
El martes el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, divulgó una información según la cual a pesar del crecimiento económico de RD por encima de la media de la región, no se ha logrado generar empleos suficientes para reducir los niveles de pobreza y desigualdad.
 
El BID sugiere el recorte de los incentivos que no se justifican o que no funcionan y promover los que han tenido buenos resultados y otros nuevos que apunten a estimular ajustes en el modelo de desarrollo económico.
 
Se inscribirían entre las áreas a incentivar nuevos proyectos para el desarrollo de la frontera, que fueron tema de conversación entre el presidente Medina y embajadores y representantes de organismos internacionales la semana pasada en el Palacio Nacional.
 
También lo que se propongan desarrollar la frontera, que lograrían el respaldo de VICINI. Juan Vicini, presidente de ese grupo, dijo ante empresarios dominicanos y haitianos que hay que conseguir fondos para nuevos proyectos en la frontera, la cual ha sido ignorada.

tras Opiniones de Guarionex Rosa

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