Jueves 27 de Julio del 2017
Santo Domingo, República Dominicana

José Rijo Presbot

Control social ciudadano ausente
El control absoluto de todos los poderes del Estado por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), creando una sociedad sin consecuencias por la falta de independencia y contrapesos necesarios, obliga cada día más a desarrollar el control social ciudadano.
La realidad dominicana, donde la crisis de legitimidad de las instituciones políticas es creciente, persiste una ausencia de debates públicos que manifiesten con claridad la orientación de las políticas públicas, y es evidente la debilidad del Poder Judicial y la incapacidad del Estado de aplicar la Ley, demanda urgentemente que las y los ciudadanos se organicen para ejercer el debido control social ciudadano.
En sentido amplio, el control social es mantener a grupos sociales dentro de un orden formalmente aceptado de modo tal que se respeten un número de normativas básicas que contribuyan a generar estilos de vida organizados y no conflictivos.
El derecho al control social se corresponde en cuanto a la obligación de rendición de cuentas -accountability- por parte de los funcionarios públicos a la ciudadanía, a la vez que ésta pone en práctica la capacidad de aquellos de rendir cuentas por las acciones realizadas.
El control social ciudadano se ejerce para poder participar en la actividad pública, prevenir los casos de corrupción, exigir mayor transparencia del poder público en la ejecución de obras, toma de decisiones, servicios, y, otros que garanticen el buen vivir, el DESARROLLO HUMANO.
El control social se ejerce de arriba hacia abajo, cuando el espacio para el ejercicio del mismo es generado desde el mismo Estado y se lleva a la práctica, así encontramos en la Constitución de la República y en diferentes leyes, decretos, ordenanzas, mecanismos para el ejercicio de este derecho ciudadano.
Así visto, en el artículo 246 constitucional se dispone que la sociedad, a través de los mecanismos establecidos en las leyes, ejerza el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos.
Mientras el artículo 7, de la ley No. 10-04, de la Cámara de Cuentas, establece que las organizaciones de la sociedad civil tendrán acceso a la Cámara de Cuentas para canalizar sus observaciones y sugerencias; y el artículo 10, de la ley de No. 10-07, que crea el Sistema Nacional de Control Interno, dispone que el control social como medio de fiscalización y participación ciudadana en defensa del gasto público en programas de impacto social y comunitario y en procura del adecuado manejo de los recursos públicos, se interrelaciona con el Sistema Nacional de Control Interno mediante la provisión de información relevante a la Contraloría General de la República.
Igualmente, el artículo 3, de la ley No. 498-06, de Planificación e Inversión Pública, dispone que el proceso de formulación y ejecución de los planes, así como el proceso de contratación de los proyectos de inversión debe ser de pleno acceso al conocimiento de la ciudadanía y que durante los procesos de elaboración de planes deben existir procedimientos específicos que garanticen la participación de la ciudadanía en el marco de la legislación vigente.
Asimismo, la citada ley de Planificación e Inversión, en su articulo 14, donde constituye a los Consejos de Desarrollo a nivel municipal, provincial y regional, ordena la incorporación a los mismos por lo menos de un representante de los gremios profesionales del Municipio y un representante de las asociaciones agropecuarias, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trabajo en la comunidad.
En la ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, encontramos múltiples vías de participación ciudadana, tales como el derecho de petición, el referéndum municipal, el plebiscito municipal, el cabildo abierto y todos los mecanismos que ofrece el presupuesto participativo municipal.
A pesar de estos mecanismos, y muchos otros establecidos por mandato de ley, ninguno ha sido efectivo, solo son “letras muertas”, por múltiples razones, pero las dos más importantes a nuestro entender son: la irresponsabilidad de parte de los funcionarios competentes que no quieren ningún tipo de control y la ausencia por completo de una ciudadanía empoderada y dispuesta a ejercer sus derechos.
De aquí urge que la sociedad se organice autónomamente de abajo hacia arriba para ejercer el control sobre aquellas instituciones en las cuales no tiene poder formal, y sus mecanismos son la creación de las veedurías y los observatorios.
Astutamente el gobierno ha creado unas comisiones denominadas de veedurías, que han desvirtuado el concepto de las mismas, poniéndola prácticamente dependiente de funcionarios públicos, y no como deben ser, donde las y los ciudadanos ejercen el derecho constitucional de controlar, de manera objetiva, autónoma e imparcial, la administración y gestión de lo público.
Veeduría implica conocer y vigilar los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; conocer los planes, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestarios asignados, metas fiscales y financieras; conocer los procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de ejecución previstos desde el momento de su iniciación, en fin, realizar el acompañamiento antes, durante y después.
En cuanto a los observatorios, que son espacio autónomo, técnico, intersectorial e interdisciplinario de carácter permanente, con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos, se encuentran debilitados por la falta de recursos no comprometidos con el gobierno, éste ha sabido desarticular captando importantes cuadros que desarrollaban alguna actividad de este tipo.
Los observatorios están llamados a medir de qué manera las políticas que se implementan influyen o no en el problema inicial, y si se han generado cambios; redactar informes, reportes y difundir los resultados obtenidos; definir estrategias de intervención a nivel local y regional por parte de las administraciones locales y sectoriales.
La ausencia de estos mecanismos de control social ciudadano, que permitan transparentar y fortalecer la actividad de la gestión pública, hará cada día que los políticos corruptos sigan entendiendo que “les damos un cheque en blanco para continuar tratando la cosa pública como negocio privado”.

tras Opiniones de José Rijo Presbot

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