Miércoles 23 de Agosto del 2017
Santo Domingo, República Dominicana

José Alejandro Ayuso

La corte, Chile y RD
Cuando leía la más reciente sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, que condena al Estado dominicano por la inobservancia de normas constitucionales, legales y convencionales, de inmediato recordé el fallo dictado por este tribunal supranacional el 05 de febrero del 2001 sobre el caso de la polémica película del afamado director Martin Scorsese “La última tentación de Cristo”. Este obligó a esta nación libre y soberana a modificar su Constitución para adecuarla a los compromisos asumidos al integrar a su ordenamiento jurídico lo pactado en la Convención Interamericana.
Hice este cotejo no sólo porque la parte dispositiva de ambas se asemeja en algunos aspectos importantes como veremos, sino también porque entiendo que entonces Chile hizo lo correcto con la sentencia que le era adversa como Estado que fue acatarla en todas sus partes. Mientras hoy la RD busca evadir su cumplimiento con argumentos decimonónicos sobre una soberanía nacional que ya no es absoluta porque está condicionada por tratados internacionales con rango constitucional, y otro cuestionable fallo del Tribunal Constitucional cuyo análisis haré en una próxima entrega.
La CIDH ha establecido que en RD “la irregularidad migratoria de los padres extranjeros como un motivo de excepción a la adquisición de la nacionalidad en virtud del iussoli resulta discriminatoria y por lo tanto vulnera el artículo 24 convencional”. Por lo tanto, “el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria o administrativa, así como toda práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de la RD”.
En el caso del dictamen contra Chile, la CIDH juzgó que ese país no había adoptado “las medidas legislativas necesarias para garantizar y hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la Convención en relación con la libertad de expresión”; y que el artículo 19 número 12 inciso final de la Constitución Política de Chile y el Decreto Ley número 679 no se adecuaban a los estándares del artículo 13 de este tratado internacional.
Por lo tanto, decidió que “el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la (citada) película… y debe rendir a la CIDH, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto”. Siete meses después Chile promulga una “reforma constitucional que elimina la censura cinematográfica” y la sustituye por “un sistema de calificación que consagra el derecho a la libre creación artística”.
Hoy Chile exhibe un Índice de Desarrollo Humano de 41, el tercer mayor en América sólo detrás de los EEUU y Canadá, y la RD ocupa el puesto 102 de 187 países evaluados por el PNUD. En el Índice de Calidad Institucional del 2014 que realiza la Red Liberal de América Latina, Chile ocupa el lugar 22 y la República Dominicana el 105 de 191 naciones valoradas. Sea usted el jurado amable lectoría.

tras Opiniones de José Alejandro Ayuso

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