Miércoles 23 de Agosto del 2017
Santo Domingo, República Dominicana

Guarionex Rosa

Danilo, a mitad de su mandato
Al cumplir sus primeros dos años en el Poder Ejecutivo la promulgación el pasado martes de la ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, es una advertencia severa del presidente Medina para poner en regla su administración, las venideras y evitar la corrupción.
 
Con la nueva ley dictada cuando el gobernante está en su mejor momento, el presidente Medina materializa su propuesta de “tolerancia cero” frente a la corrupción, tema que incluyó en el Plan de Gobierno 2012-2016, presentado a los electores antes de las elecciones.
 
La política de transparencia había sido anticipada recientemente por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, al pronunciar el discurso de orden durante el Primer Congreso sobre Gestión Pública, Riesgo y Control que organizó la Contraloría General.
 
La nueva ley, aunque no ha tenido reacciones públicas entre los funcionarios, se sabe que ha causado preocupación ya que muchos no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio no obstante a que el pasado 16 se cumplió dos años de la asunción al poder de Medina.
 
Mediante la 311-14 se instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y se designa a la Cámara de Cuentas como órgano de control. Se establecen también sanciones específicas para el incumplimiento de la misma.
 
La definición de la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios, queda establecida como un inventario de bienes, incluidos los de la comunidad conyugal por ante notario público, el cual la publicará por cualquier médico electrónico o impreso.
 
Las sanciones 
Los funcionarios obligados a declarar, dice la ley, tendrán 30 días siguientes a su toma de posesión para presentar la Declaración Jurada inicial y dispondrán de 30 días como plazo máximo después de cesar en su cargo para la presentación de la Declaración Finalizada.
 
La ley 311-14 es hasta ahora el instrumento más severo de la transparencia a que aspira el régimen de Medina por cuanto “los que no presentaren su declaración en el plazo establecido u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serán penalizados con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno”.
 
“Si el funcionario”, añade “no pudiera probar el origen del patrimonio, la autoridad competente podrá accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados”. De comprobarse el enriquecimiento ilícito el funcionario será sancionado con la pena de 4 a 10 años de prisión.
 
También podría acarrear una multa igual al duplo del monto del enriquecimiento y como pena complementaria la inhabilitación para ocupar funciones públicas por 10 años, luego de cumplida su condición de privado de libertad.
 
En su presentación ante los concurrentes al Primer Congreso sobre Gestión Pública, Riesgo y Control, organizado por la Contraloría General en Punta Cana, el ministro Peralta advirtió que “cada uno de nosotros debe ser consciente de que la rendición de cuentas no es una muralla”.
 
Quizás por ser un tema positivo para el régimen en momentos en la preferencia por los escándalos es ostensible, la nueva ley no encontró publicistas que la incluyeran en sus menús en los programas televisivos y radiales. Los opositores de Medina difícilmente le darían crédito.
 
En su nota editorial el pasado miércoles, el matutino Listín Diario, al ponderar los alcances de la nueva ley, se recomienda a la Cámara de Cuentas abordar cada caso sospechoso con la mayor independencia de acción y de criterios, “casi con los ojos vendados, como la justicia”.
 
Pese a que al momento de recontar los logros de sus primeros dos años de Gobierno, sobresalientes en materias de educación, agricultura, salud, mejoría del empleo y la transparencia, al régimen le reclaman amigos y adversarios un remezón de sus cuadros en los altos cargos.
 
Medina afronta también el reclamo de partidarios a muerte que están invirtiendo en una campaña a favor de su reelección, a lo cual ha respondido con la negativa, ya porque no quiere complicar la situación partidaria o porque entiende que debe terminar en el 2016.
 
Medina tendrá el próximo martes un encuentro con los reporteros que sirven las noticias desde el Palacio Nacional, ocasión en la que se espera pueda dar señales de su futuro político a corto plazo como sería el enfoque que dará al tema de la reelección. 
 
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EL ENCARGO A LA CÁMARA DE CUENTAS 
Aunque la nueva ley sobre patrimonio encarga a la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de la misma, no señala la apropiación de fondos a cuenta del Presupuesto para lo que se espera que sea una unidad especializada sobre un tema nuevo.
 
Pese a que en el Plan de Gobierno de Medina se planteaba el apoyo a la “independencia funcional y financiera de la Cámara de Cuentas de la República”, la institución recibió en el Presupuesto General para este año solamente un aumento modesto que elevó su dotación a RD516 millones.
 
En una reciente declaración a la prensa la presidenta de la Cámara, doctora Licelott Marte de Barrios sugirió que la institución fuera dotada de un mayor presupuesto ya mediante el llamado “presupuesto complementario”, o con el del 2015.
 
En la Cámara de Cuentas se informó que la unidad especializada sobre declaración de patrimonio tendrá que incluir un reglamento, un director, auditores, contables, ingenieros que puedan recibir y estudiar las declaraciones juradas y proceder en las circunstancias.

tras Opiniones de Guarionex Rosa

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